Entre los cauces del Samaria y el Grijalva, emerge la Zona La Isla, un pedazo de la geografía tabasqueña que agrupa a casi 50 comunidades de los municipios del Centro y Cunduacán, y que a pesar de estar atravesada por la Carretera Federal y salpicada por la industria petrolera, aún conserva un extenso paisaje rural.

Fue en esta zona donde se gestó el Movimiento por la Defensa del Agua, que puso freno a los intentos de privatización en 2019, cuando el alcalde Evaristo Hernández Cruz anunció que entregaría el Sistema de Agua y Saneamientos (SAS) a manos particulares.

La voracidad de Evaristo se topó con un hueso duro de roer: en La Isla, existe una tradición de lucha que alcanza matices espirituales. Fue aquí donde, en los 70´s, se asentaron las Comunidades Eclesiales de Base (CEB´s), proyecto jesuita que impactó en una generación de católicos que asumieron que el reino de dios había que construirlo en la tierra y que identificaron al poder como la encarnación del mal. Esta mística cristiana se tradujo en la conformación de cooperativas campesinas, defensa de los derechos humanos, amplia participación política, organización ante las afectaciones de PEMEX y un sinfín de iniciativas encaminadas hacia la justicia.

Así pues, la defensa del derecho al agua es, hasta cierto punto, un movimiento residual, heredero de esas otras grandes luchas, ligada no sólo a una conciencia social abstracta, sino a un hecho concreto: La planta potabilizadora que abastece del vital líquido a La Isla, fue construida sobre un terreno donado por las comunidades y como parte de la reparación de daños que Petróleos Mexicanos realizó a causa de una explosión en 1995, en la que murieron nueve personas.

En una de las reuniones que los habitantes de La Isla sostuvieron con el director del SAS para tratar el asunto de la privatización, una señora de Cucuyulapa recordó que para que les construyeran la Planta, fueron años de gestión y espera en oficinas de gobierno, donde les atendían de noche y hasta la madrugada; cerros y cerros de papeles que acabaron en los basureros de la burocracia; tragos amargos ante la intimidación de los esbirros de Roberto Madrazo, quien traía entre ceja y ceja a esas comunidades y a su párroco: Paco Goitia.

Cuando por fin les dieron respuesta, les dijeron que PEMEX ponía la Planta, pero que ellos debían poner el terreno. Y ahí los tuvieron, haciendo rifas, kermeses, cajas de ahorro y otras cosas para hacerse de dinero y comprar la hectárea donde, en el 2000, les construyeron la Planta Potabilizadora que resolvía el problema del desabasto de agua.

 

Los habitantes de La Isla sienten que la planta es suya, porque es suya. En algún tiempo, las comunidades se autoorganizaban para el cobro del servicio, hasta que el municipio centralizó esta actividad y empezó a cavilar la idea de encarecerlo.

 

En 2010, el entonces presidente municipal, Jesús Alí, les intentó subir el precio del agua. No pudo. Las comunidades, acompañadas por el Comité de Derechos Humanos de Tabasco (CODEHUTAB) y la Asociación Ecológica Santo Tomás (AESTomás), lograron un amparo y mantuvieron la tarifa preferencial para las zonas rurales.

Desde entonces, se han dado distintos episodios de confrontación entre las administraciones municipales y las comunidades de La Isla, éstas últimas, cobijadas apenas por lo que queda de los jesuitas, por las ya mencionadas asociaciones y por algunos académicos de la UJAT y la Chapingo interesados en la gestión ciudadana del agua —en el caso de la UJAT, sin respaldo institucional orgánico.

Con sus pocos recursos, en La Isla, han sacado la cara por un problema que no está siendo tomado con la seriedad con la que se debería. Considerando que Tabasco es «más agua que tierra», la privatización es incluso un atentado contra nuestra cultura.

A saber de «La escuelita del agua» —un espacio de articulación de los distintos actores que trabajan en la Zona La Isla— es bastante probable que una de las empresas a las que Evaristo pretende entregar el agua, sea a la española Acciona, misma que ya ha sido beneficiaria de la privatización del agua en Boca de Río y Veracruz, Veracruz, donde hoy pagan a 20 pesos el metro cubico de agua —en las comunidades del Centro se pagan actualmente 87 centavos.

A sabiendas de que la privatización es una intención latente, en La Isla, los esfuerzos por involucrar a la ciudadanía en la gestión del agua se reinician. Ahora, no sólo tendrán que esquivar los obstáculos del mal gobierno de Evaristo Hernández y la indolencia de los diputados de la 4T, que no garantizan que el agua siga siendo un derecho, sino también, luchar contra el obstáculo de la pandemia. Esperemos pues y apoyemos las iniciativas de estas valientes comunidades.